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CONCEPTO 146 DE 2017

(enero 1)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Bogotá, D.C.,                                                                                                 

Ref. Su solicitud concepto[1]

A través de los radicados del asunto se solicita concepto sobre unas inquietudes relacionadas con la defensa del usuario en materia de servicios públicos domiciliarios:

Antes de cualquier pronunciamiento sobre el particular, es preciso señalar que el presente documento se formula con el alcance previsto en el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011,  sustituido por el Artículo 1, de la Ley 1755 de 2015, toda vez que los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Superservicios, en respuesta a una petición en la modalidad de consulta, constituyen orientaciones y puntos de vista que no comprometen o responsabilizan a la Entidad, pues no tienen carácter obligatorio ni vinculante.

En este orden de ideas, las respuestas dadas a las consultas elevadas ante esta Oficina Asesora Jurídica, se presentan de manera general respecto del problema jurídico planteado, en el marco de sus competencias y sin posibilidad de resolver conflictos de orden particular.

Por otra parte, el artículo 79 parágrafo 1 [2]de la Ley 142 de 1994,[3] el cual fue modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001,[4] establece que la Superservicios no puede exigir, en ningún caso, que los actos o contratos de una empresa de servicios públicos se sometan a aprobación suya. Hacerlo configuraría una extralimitación de funciones y entraría a ocupar una posición de juez y parte ante sus vigiladas.

En tal virtud, tanto las preguntas como las respuestas, deben darse en forma que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares, razón por la cual no puede esta oficina entrar a resolver situaciones particulares que puedan ser objeto de conocimiento posterior por parte de la Superservicios. No obstante, lo anterior, de manera general nos referimos a lo que hace referencia su consulta, con el fin de otorgarle elementos que contribuyan a aclarar su inquietud.

Hechas las anteriores precisiones, se responderán las inquietudes planteadas en la consulta, en los siguientes términos:

"...¿es legal y constitucional que la empresa de servicio público de acueducto y alcantarillados (sic) emdupar o Electricaribe dura hasta seis meses para enviar el expediente a la Súperservicio (sic) para que se surte (sic) el recurso de apelación por el cobre (sic) de energía dejada de facturar...como una sanción que se le cobra al usuario por fraude al servicio de energía o agua emdupar (...)".

En lo tocante a la remisión de expedientes, por parte de los prestadores de servicios públicos domiciliarios a la Superservicios y a fin de que ésta desate los recursos de apelación interpuestos por los usuarios y suscriptores frente a las decisiones empresariales de aquellos, es de anotar que no existe norma alguna que establezca un término perentorio que pueda hacer cumplir la Entidad.

Ahora bien, en los casos en que los usuarios informen a la Superservicios sobre los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones empresariales, ésta hará la verificación respectiva y de ser procedente, impartirá a los prestadores los lineamientos correspondientes, exigiendo el envío de los respectivos expedientes. Sin embargo, tales lineamientos no tienen la calidad de disposiciones legales, reglamentarias ni regulatorias, pues la Entidad carece de facultades para el efecto.

Así las cosas, el incumplimiento de los referidos lineamientos por parte de los prestadores, no sirve de fundamento a la Superservicios para ejercer la facultad sancionatoria que le ha sido conferida, facultad que, debe ejercerse en el marco del Principio de Legalidad, de modo tal que sin norma que establezca la conducta sancionable, ésta no puede ser sancionada.

Finalmente ha de precisarse, en este punto, que los prestadores de servicios públicos domiciliarios no están facultados para imponer sanción alguna a los usuarios.[5] Sin embargo, mantienen unos y otros una relación contractual en la cual el desconocimiento de las obligaciones derivadas del contrato de condiciones uniformes, por cualquiera de las partes, acarrea unas consecuencias que deben asumirse por la parte incumplida, por supuesto, enmarcadas en la Constitución Política, la ley y la regulación respectiva.

"...¿es legal y constitucional que la superintendencia de servicio (sic) públicos domiciliarios de barranquilla (sic) se de mores (sic) más de 24 meses para dar respuesta a favor o en contra de los usuarios de los recursos de apelación".

En materia de servicios públicos domiciliarios y respecto a los términos para resolver los derechos de petición y los recursos en sede de la empresa, la norma prevalente por su carácter de especial, es el Artículo 158 de la Ley 142 de 1994, según el cual "...toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos domiciliarios... tiene la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, dentro del término de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación".

La Ley 142 de 1994, no se pronuncia sobre el término que tiene la Superservicios para resolver los recursos de apelación que interponen los usuarios frente a las decisiones empresariales, pero remite a las normas de derecho administrativo en los temas no regulados expresamente por la misma (Artículo 152 y siguientes).

Ahora bien, los 24 meses mencionados en la consulta para responder los recursos de apelación por parte de la Superservicios, no tienen fundamento legal pues de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 86 de la Ley 1437 de 2011,[6] la decisión de la entidad se consideraría negativa, perdiendo competencia para pronunciarse, cuando haya lugar a ello. El artículo en mención señala lo siguiente:

"Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa.

El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas.

La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado auto admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

La no resolución oportuna de los recursos constituye falta disciplinaria gravísima".

Nótese que la norma señala que el plazo para la ocurrencia del silencio administrativo negativo procesal se suspende durante el período de pruebas.

En efecto, el Artículo 159 de la Ley 142 de 1994, dispone que al desatar los recursos de apelación, la Superservicios puede decretar y practicar pruebas dentro de los 30 días hábiles siguientes a su decreto y que éste término probatorio podrá prorrogarse por otro tanto. Así las cosas, se tiene que el período de prueba, puede ampliarse hasta sesenta (60) días hábiles.

Por su parte, los Artículos 79 y 80 del Código de la Ley 1437 de 2011, disponen que los recursos se resolverán de plano, a menos que se requiera de la práctica de pruebas, ya sea a solicitud de parte o de oficio y que vencido el período probatorio deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso.

Así las cosas, el operador jurídico no pierde competencia para resolver el recurso en tanto no hayan vencido los dos meses a que se refiere la norma transcrita. De igual forma, en tanto no le sea notificada la demanda del interesado podrá pronunciarse dicho operador, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que se configura.

Con todo es de anotar que en materia disciplinaria es necesario probar no solamente la comisión de la falta, sino el grado de la culpabilidad y existen eximentes de responsabilidad enlistados en el Artículo 28 de la Ley 734 de 2002, los cuales puede invocar y probar el disciplinado.

En el caso de la Superservicios y por regla general, cuando los recursos de apelación no se resuelven oportunamente es por el volumen excesivo de trámites que la Entidad debe asumir y la insuficiencia de personal para hacerlo, dadas las restricciones de presupuesto que padecen las entidades públicas. Este argumento se valida y prueba en cada caso en el que los funcionarios de la Superservicios se enfrentan procesos disciplinarios por las razones manifestadas en la consulta.

"...no esta abrigada (sic) la superintendencia de servicio (sic) público conceder los efectos del silencio administrativo positivo por demorar más de 12 meses para dar respuesta

...está en la obligación de las empresas de servicios públicos domiciliarios, conceder los efecto (sic) del silencio positivo cuando se demoren más de un año para dar respuesta a los recursos de ley".

En este punto, es menester ratificar la línea conceptual desarrollada por la Oficina Asesora Jurídica de la Superservicios, en los siguientes términos:

La doctrina,[7] en relación con el silencio administrativo ha señalado:

"El silencio administrativo es un mecanismo de protección instrumental del administrado, que ofrece cierta efectividad al derecho constitucional de petición. Mediante el silencio administrativo se crean consecuencias jurídicas de la inactividad de la Administración, cuando esta no responde al cabo de un tiempo definido las peticiones o recursos que se le presentan. El silencio puede ser sustantivo o material, cuando se refiere a una petición que no tuvo respuesta sobre el fondo, o puede ser procesal o adjetivo, cuando la ausencia de respuesta se refiere a un recurso administrativo, interpuesto contra una decisión.

El silencio administrativo, tanto sustantivo como procesal, se subdivide en dos grupos, dependiendo de la consecuencia del silencio. La regla general es que la ausencia de respuesta de la Administración sea considerada como una respuesta negativa, bien sea a la petición inicial (silencio sustantivo negativo) o al recurso interpuesto (silencio procesal negativo). El efecto contrario, esto es, el silencio positivo, es la excepción, que debe ser contemplada expresamente por el legislador. (Resalta la Oficina). (...)

... la ocurrencia del silencio administrativo pone de presente la vulneración del derecho fundamental de petición, que se concreta cuando la Administración no ha respetado el plazo legal para proferir la decisión oportuna."

Indica el texto que el silencio administrativo positivo debe estar señalado expresamente por el legislador, así obró este último al incluir explícitamente esta figura jurídica en el régimen de los servicios público domiciliarios, el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, al tenor establece:

"Artículo 158. Del término para responder el recurso. Toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, dentro del término de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación.

Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se requirió la práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma favorable. Dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento del término de los 15 días hábiles, la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo." (Subrayado fuera del original).

Sobre el silencio administrativo positivo aplicable al régimen de los servicios públicos domiciliarios debe precisarse lo siguiente:

...Esta figura jurídica sólo operará cuando la prestadora no responda la petición, queja o recurso.

...Para que opere el silencio administrativo positivo, la petición, queja o recurso que no conteste el prestador debe versar o circunscribirse en uno o varios de los cinco actos señalados en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, que son: negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación.

...La causal que infringen los prestadores y por la cual opera el silencio administrativo positivo es la: Falta de respuesta oportuna, la cual se puede configurar cuando se afecta uno o varios de los siguientes elementos del núcleo esencial del derecho de petición: (i) Pronta resolución, la petición, queja o recurso no fue respondida dentro del término señalado por la ley, es decir, en el plazo de 15 días, contados a partir del día en que se presentó ante la prestadora; (ii) Respuesta de fondo, la petición no fue respondida de forma clara, precisa, congruente y consecuente, en general, no existió una respuesta material a la solicitud presentada y (iii) Notificación de la decisión, la petición, queja o recurso no fue notificada con sujeción a lo normado en la Ley 1437 de 2011.

...Configurado el silencio administrativo positivo todas las actuaciones que se surtan con posterioridad a su configuración son inocuas. Así lo ha señalado el Consejo de Estado en la sentencia del 5 de febrero de 1998, Sección Tercera, expediente 98 AC-5436, que indicó: "Las actuaciones posteriores a la producción del acto presunto, tales como la respuesta, la interposición de recursos, resolución de los mismos, etc. son inocuas y, por tanto, no surten ningún efecto." (...).

...Operado el fenómeno bajo estudio, la persona prestadora cuenta con el término de 72 horas para hacer efectivas las pretensiones del usuario, pues su negligencia permitió que la petición, queja o reclamo se resolviera de forma favorable al mismo, por lo que debe cumplir con lo resuelto por el acto administrativo ficto que nació a la vida jurídica por su inacción.

...Caducado el término de las 72 horas, si el prestador no ejecuta las pretensiones del usuario, éste podrá acudir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y solicitarle que imponga una sanción al prestador por no ejecutar lo resuelto en el acto administrativo ficto, en el plazo señalado por la ley. (...)"[8].

De acuerdo con lo expuesto, se puede sostener que en materia de servicios públicos domiciliarios existe norma expresa que prevé la procedencia del silencio administrativo positivo respecto al prestador de dichos servicios cuando no responde oportunamente la reclamación, es decir, en los quince (15) días indicados en el Artículo 158 de la Ley 142 de 1994, antes transcrito.

Para el caso de la Superservicios, tal norma no existe por lo que aplica únicamente el silencio administrativo negativo, previsto en los Artículos 83 y 86 de la Ley 1437 de 2011, es decir, que si la Entidad no ha notificado la decisión respecto de una petición o recurso de reposición o apelación al administrado, en los plazos dispuesto en la ley; a saber 3 y 2 meses respectivamente, se entenderá que la decisión de la misma es negativa.

Lo anterior para permitir que el interesado obtenga una respuesta a su solicitud y pueda acceder a la administración de justicia, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

"...de conformidad con los artículos 77 y 78 del 2011, es legal que las empresas de servicios públicos domiciliarios reclaze (sic) lo (sic) recurso (sic) de...reposición, a legando (sic) que el usuario no cancero (sic) lo que no estaba objeto de reclamo

...si el artículo 155 de la ley 142 de 1994 declarado exequible por la corte constitucional según sentencia C-558 DEL 2001 EN EL ENTENDIDO que si el usuario reconoce deber algo debe ...pagarlo ¿si el usuario no dice dada (sic) y se queda callado? La empresa puede negar el recurso

...es legal que la empresa Electricaribe se niega (sic)... expedir la factura que el usuario reconoce deber (sic) y ella expide otra, diferente al que el usuario solicito...?

...es legal que la empresa Electricaribe se abstenga de expedirle a los (sic) usuario al momento de radicar la petición lo que no está objeto de reclamo, y en cambio la empresa expide otra factura según ello el promedio de los últimos (sic) cinco años violando los artículos 155 de la ley 142 y 77, y 78 de la ley 1437 del 2011".

Sea lo primero invocar lo dispuesto en el Artículo 155 de la Ley 142 de 1994, así:

"Artículo 155. Del pago y de los recursos. Ninguna empresa de servicios públicos podrá exigir la cancelación de la factura como requisito para atender un recurso relacionado con ésta. Salvo en los casos de suspensión en interés del servicio, o cuando esta pueda hacerse sin que sea falla del servicio, tampoco podrá suspender, terminar o cortar el servicio, hasta tanto haya notificado al suscriptor o usuario la decisión sobre los recursos procedentes que hubiesen sido interpuestos en forma oportuna.

Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco períodos". Negrilla fuera de texto.

Nótese que la norma habla del promedio del consumo de los últimos cinco períodos y no de los últimos cinco años, como se señala en la consulta.

Adicionalmente y como se indica en el escrito de la consulta, el inciso segundo de la disposición trascrita fue declarado exequible condicionado en el entendido de que las normas en discusión no corresponden en todos los casos al promedio de consumo de los últimos cinco períodos. Al respecto la Corte Constitucional señala lo siguiente:

"...el artículo 155 inscribe una regla general que autoriza al usuario inconforme con un acto de facturación para que formule los reclamos que estime convenientes a sus intereses, e interponga los recursos tendientes a obtener la prosperidad de sus pretensiones, sin que por otra parte tenga que pagar suma alguna para ser oído en vía gubernativa. Regla que palmariamente se erige idónea para la viabilidad de los casos en que el usuario se encuentre en total desacuerdo con el respectivo acto de facturación. (...).

Desde luego que si el suscriptor o usuario aceptó deber una parte de las sumas liquidadas en la factura, lo lógico y jurídico es que las pague, para luego sí acceder al recurso o recursos correspondientes. Pues no se ve razón válida ni suficiente para que un suscriptor o usuario que dice deber parcialmente una factura, pretenda luego desatender el pago de los servicios que él reconoce hacer recibido, so pretexto de hallarse en trance de impugnación, ya que tal conducta no consulta las premisas del artículo 155 de la ley de servicios, ni le hace honor a la posición que desde un principio él asumió libremente frente a las sumas facturadas.

Yendo más al fondo de las cosas debe estimarse también el hecho de que la aceptación parcial de determinados valores por parte del suscriptor o usuario tiene una génesis contractual que habilita a la empresa para exigirle el pago oportuno de los bienes y servicios suministrados y no discutidos, pues no otra cosa se infiere del artículo 128 de la ley de servicios que al definir el contrato de condiciones uniformes prevé a cargo del usuario la obligación de pagar un precio en dinero por el servicio recibido... propio es advertir que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 367 del Estatuto Supremo la prestación de los servicios públicos domiciliarios no puede tener un carácter gratuito, por el contrario, su naturaleza onerosa es inherente a la relación contractual en la perspectiva de alcanzar, preservar y mejorar para la comunidad tanto la cobertura como la calidad del servicio, lo cual no se consigue prohijando la desobediencia civil frente a las deudas por bienes y servicios efectivamente recibidos... (...).

...la constitucionalidad del inciso combatido surge indemne en la medida en que al recurrente se le está exigiendo el pago de lo que él motu proprio acepta deber, enervándose el pago de la suma que discute hasta tanto se agote la vía gubernativa. Un precepto en contrarío sí constituiría injustificado privilegio a favor de quienes, pese al reconocimiento parcial de su deuda, pudieran reclamar y recurrir sin erogación previa alguna... (...)

¿qué ocurre entonces cuando la materia en discusión está constituida precisamente por el promedio del consumo de los últimos cinco períodos?...

¿cuándo entonces debe el suscriptor o usuario pagar previamente el promedio del consumo de los últimos cinco períodos?

Con arreglo a los presupuestos del artículo 155 de la ley de servicios: únicamente en aquellos casos en que ese promedio corresponda a sumas no discutidas por el suscriptor o usuario. (...)".[9] Negrilla fuera de texto.

En cuanto al entendimiento que debe darse a la norma comentada, la Oficina Asesora Jurídica ha manifestado lo siguiente:

"...la norma en cita establece dos prohibiciones expresas para las personas prestadoras: La primera, relacionada con la imposibilidad de exigir la cancelación de la factura como requisito para atender un recurso cuyo objeto sea objetar la misma factura; aspecto que resulta apenas lógico, teniendo en cuenta que el usuario busca reclamar aspectos del acto de facturación frente a los cuales se encuentra inconforme y la segunda, relacionada con la restricción de suspender, terminar o cortar el servicio, en casos distintos a los de suspensión en interés del servicio o cuando esta pueda hacerse sin que sea falla del servicio.

No obstante, el legislador incluyó un requisito para la interposición de recursos relacionado con la necesidad de "acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco períodos", teniendo en cuenta que si estableció la prohibición de exigir el pago de la factura objeto de reclamación, resulta consecuente que se acredite el pago de las sumas frente a las cuales no se cuenta con reproche alguno.

Ahora bien, aun cuando la norma no hace referencia a sumas correspondientes a facturas que se encuentran en trámite de recurso, el mismo supuesto de improcedencia para exigir el pago de las facturas que no son objeto de recurso le puede ser aplicable, en la medida que la finalidad es la misma, no causar una afectación pecuniaria al usuario obligándolo a pagar unas sumas que no reconoce deber".[10]

"...si el usuario o suscriptor acepta que debe una parte de la suma que se encuentra en la factura, deberá pagarla y luego allegar la reclamación o los recursos correspondientes a la prestadora, y esta última se encuentra obligada a recibirlos y tramitarlos.

En relación con el pago del promedio del consumo de los último cinco períodos, en principio, podría interpretarse el precepto de forma restrictiva, o sea, exigirle al usuario o suscriptor el pago de estos períodos para que pueda elevar sus reclamaciones o recursos. No obstante, si éstos son o hacen parte del objeto de reclamo o de recursos, no estará el usuario obligado a pagar dichos valores, ni la prestadora podrá exigirlo como requisito previo para la resolución de su reclamación o recursos.

En conclusión, el usuario o suscriptor es quien tiene la carga de informar a la prestadora cuánto de las sumas que está en la factura reconoce deber o si toda ésta hará parte del reclamo que se presenta y la prestadora tendrá que aceptar la solicitud incoada y darle el trámite correspondiente; no podrá negarse a resolver los recursos o reclamaciones interpuestas, so pretexto de señalar que el usuario o suscriptor tiene la obligación de pagar la suma que ellos consideren.

Si la prestadora no aplica el artículo 155 de la Ley 142 de 1994, de la forma explicada, el usuario podrá interponer ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios una queja (diferente a recurso de queja)  donde exponga los fundamentos de hecho y las normas presuntamente infringidas por la prestadora, anexando al escrito las pruebas que sustenten lo expresado".[11] Negrilla fuera de texto.

De otra parte, es de anotar que la Ley 142 de 1994, incluye requisitos de procedencia, como los señalados en los Artículos 154 y 155, por tanto, su omisión llevaría a la improcedencia de la reclamación, en tanto que la Ley 1437 de 2011, prevé causales tanto de improcedencia como de rechazo de los recursos (Artículos 75 a 78). En tal sentido, cuando no se satisfagan los requisitos de procedencia de la Ley 142 de 1994, no podrá rechazarse el recurso, pues su omisión no constituye causal de rechazo del mismo, sino de improcedencia del recurso.

De acuerdo con lo expuesto, resulta claro lo siguiente:

i) El pago de la suma que reconoce deber el usuario, es un requisito para presentar la reclamación. La omisión de este requisito faculta al prestador para declarar improcedente el recurso.

ii) Cuando se reclama la totalidad de la factura el requisito anterior no es exigible al usuario.

iii) El prestador debe expedir la factura teniendo en cuenta lo solicitado por el usuario, quien tiene certeza sobre el objeto de su reclamación. Cuando el prestador se niega a hacerlo o exige el pago del promedio y éste no corresponde a la suma no reclamada, estará violando el régimen de los servicios públicos y se hará mecedor a la sanción correspondiente, previo cumplimiento del debido proceso.

...¿pueden los usuarios solicitar el principio de favorabilidad a la empresa para que se aplique (sic) los artículo (sic) 77,78 de la ley 1437 del 2011, que prohíbe el recalzo (sic) de los recursos de ley por el solo hecho que el usuario no pago lo que no estaba objeto de reclamo mientras el artículo 155 de la ley 142 si lo exige".

En este punto, sea lo primero indicar que la Ley 142 de 1994, tiene un carácter especial, frente a las disposiciones contenidas en el Ley 1437 de 2011.

Sobre los criterios de aplicación de la ley, la Ley 57 de 1887, en su Artículo 5, Numeral 1°, la ".. disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general". En el mismo sentido, la Ley 142 de 1994, en su Artículo 186, prevé lo siguiente:

"Artículo 186. Concordancias y derogaciones. Para efectos del artículo 84 de la Constitución Política, esta Ley reglamenta de manera general las actividades relacionadas con los servicios públicos definidos en esta Ley; deroga todas las leyes que le sean contrarias; y prevalecerá y servirá para complementar e interpretar las leyes especiales que se dicten para algunos de los servicios públicos a los que ella se refiere. En caso de conflicto con otras leyes sobre tales servicios, se preferirá ésta, y para efectos de excepciones o derogaciones, no se entenderá que ella resulta contrariada por normas posteriores sobre la materia, sino cuando éstas identifiquen de modo preciso la norma de esta Ley objeto de excepción, modificación o derogatoria. (...)".

Así las cosas y con las precisiones ya realizadas en lo tocante a la aplicación del Artículo 155 de la Ley 142 de 1994, ha de preferirse este cuerpo normativo, en los aspectos regulados en el mismo, sobre la Ley 1437 de 2011.

Una vez más se reitera lo manifestado en la respuesta anterior, en cuanto a que el requisito de pagar las sumas no objeto de reclamación no constituye una causal de rechazo de los recursos, sino de improcedencia de los mismos.

Finalmente, le informamos que esta Superintendencia ha puesto a disposición de la ciudadanía un sitio de consulta al que usted puede acceder en la siguiente dirección: http://basedoc.superservicios.gov.co. Ahí encontrará normativa, jurisprudencia y doctrina sobre los servicios públicos domiciliarios, en particular los conceptos emitidos por esta entidad.

Cordialmente,

MARINA MONTES ÁLVAREZ

Jefe Oficina Asesora Jurídica

[1] Radcado SSPD 20175290046132 y 20175290060642.

TEMA: RECURSOS / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO.  Subtema: Cumplimiento de Términos por parte de la Superservicios y los Prestadores / Procedencia.

[2] "En ningún caso, el Superintendente podrá exigir que ningún acto o contrato de una empresa se someta a aprobación previa suya. El Superintendente podrá, pero no está obligado, visitar las empresas sometidas a su vigilancia, o pedirles informaciones, sino cuando haya un motivo especial que lo amerite".  

[3]  "Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones".

[4] "Por la cual se modifica la Ley 142 de 1994".

[5] Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU 1010 del 16 de octubre de 2008, Expedientes T-1.410.120 y otros, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

[6]   "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

[7] Benavides, José Luís. Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Comentado y Concordado. Ed. Universidad Externado de Colombia. Págs. 186 y ss. Bogotá D.C. 2013.

[8]  Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Oficina Asesora Jurídica, Concepto SSPD-OJ-2015-502.

[9]  Corte Constitucional sentencia C-558 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería.

[10] Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios, Concepto SSPD-OJ-2016-952.

[11] Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios, Concepto SSPD-OJ-2016-953.

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"Compilación Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios"
ISSN [1900-3250] en línea
Última actualización: 30 de abril de 2021

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